Deportados  colombianos de Venezuela entre la crisis humanitaria y  la campaña mediática

Abilio Peña -

Nos alegra la atención que están recibiendo los deportados colombianos de Venezuela por parte del gobierno de Colombia. Se lo merecen al igual que los afectados por desastres ambientales o los seis millones de víctimas del desplazamiento forzado  y las víctimas de otras repatriaciones  como las de Panamá en la historia reciente  de Colombia, que no han corrido con la misma suerte.

Parte de la buena atención, se debe, creemos, al permanente intenso y masivo cubrimiento que todos los medios comerciales vienen dando a la deportación,  por provenir de un gobierno que por años ha sido blanco de los mas duros ataques de sectores de poder colombiano,  a través de  los medios de información que los representan. La animadversión  contra Chávez, primero y  ahora contra Maduro,   ha ocupado largo espacio en los informativos que ven aquí una nueva oportunidad  para   hacer leña del gobierno venezolano.

Nunca tanto cubrimiento de los medios en una crisis de este tipo. Y a su vez tanta presencia institucional del Estado: visita  directa del Defensor Nacional  del Pueblo,   el ministro del interior ha estado  en largas visitas, el presidente ha dialogado con las víctimas, la canciller ha recorrido las calles donde habitan los repatriados. La atención humanitaria, pronta, oportuna, adecuada  que han recibido los  deportados, creemos  se debe antes que a la voluntad política del Estado, a la  exhibición mediática que ha despertado el caso. Bienvenidos las carpas  de alojamiento, la comida, los medicamentos, los  médicos en los albergues provisionales, los  pasajes para que lleguen a sus lugares de origen  y la  atención Psicosocial televisadas. Hasta Unicef, a buena hora, se suma contratando psicólogos y trabajadores sociales para entender a niñas y niños en sus afectaciones causadas por la deportación.

Lamentablemente este trato no es el mismo para todas las emergencias humanitarias provocadas por las expulsiones. La historia reciente de Colombia registra la deportación de colombianos del Cacarica, víctimas de operaciones militares y paramilitares que se vieron obligados a cruzar la frontera con Panamá para salvar  su vida en  febrero  de 1997.  El gobierno colombiano y panameño con  el engaño de que les iba a dar  una ayuda humanitaria,  los reunió y los hizo abordar helicópteros hasta bahía Cupica donde, lejos de sus familias, debieron padecer su repatriación por varios años.

También en abril de 2003,  109 colombianos, entre ellos 54 niñas y niños fueron deportados de Panamá a Colombia.  Antes de su regreso forzado al país, padecieron todas las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado panameño a través de la Unidad de Reconocimiento y Combate, RECOM, la Dirección de Investigación y Criminalística de la Policía, DIIP, y en presencia de la Organización Nacional para la Protección de los Refugiados, ONPAR.  Algunos  fueron  temporalmente desaparecidos y  torturados, otras  abusadas sexualmente, sus casas  saqueadas e  incendiadas, sus bienes hurtados, sus  familias desintegradas. (http://justiciaypazcolombia.com/Deportados-109-colombianos-la). Según las autoridades panameñas, el operativo fue coordinado con el el gobierno de Alvaro  Uribe, el hombre que hoy ha recorrido los albergues de Cúcuta  expresando su desinteresada solidaridad con los expulsados “de la dictadura castrochavista” como denomina al gobierno de Maduro.

Hoy día,  muchos de  los deportados entonces  de Panamá,  a pesar de ser beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana por la Operación Génesis que ordenó atención en salud, atención psicosocial, retornos a los territorios,  entre otras, no han tenido la primera cita médica ni la primera consulta de atención psicológica.

Sin lugar a dudas las denuncias de  violaciones a los derechos humanos  contra la guardia venezolana ocurridas  a raíz de estas deportaciones masivas, deben investigarse, lo mismo que las denuncias de la corrupción de las autoridades del vecino país que facilita la comisión de delitos de colombianos en la frontera. Pero también debe tomarse en cuenta las declaraciones del gobernador del Estado de Tachira, (http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/no-habra-mas-deportaciones-salvo-un-narcotraficante-o-paramilitar-gobernador-de-tachira/20150831/nota/2913305.aspx), como de otras autoridades del país según las cuales  hace un año  se estaba tratando con el gobierno de Colombia la situación del narcotráfico,  de grupos paramilitares, de contrabando de combustible y alimentos subsidiados y de las casas de cambio de divisas en la frontera entre los dos países. Vale también mirar, también,  la columna de Andrés Gil en las 2 Orillas donde da cifras dicientes de la situación de la frontera ( http://www.las2orillas.co/y-si-maduro-tiene-razon/)

Si los medios empresariales no ponen freno  a su frenesí de odio contra Venezuela, si no ofrecen elementos de análisis,   vamos a presenciar mas  hechos como  la agresión  contra “La Arepería Venezolana” en un lugar de estrato alto en Bogotá o contra un turista de  esa nacionalidad que fue golpeado en Taganga por el hecho de ser venezolano.

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