¿Cuál es la realidad que se vive actualmente en Putumayo?

Foto: radiomacondo.fm

Yule Anzueta
11 Jun 2015

El departamento de Putumayo vive actualmente una situación crítica en materia de derechos humanos, en la que se conoce una persecución judicial a las organizaciones sociales de forma masiva, fumigaciones que acaban con los cultivos de los campesinos, y empresas privadas que buscan la extracción petrolera.

Las organizaciones sociales aseguran que los intereses económicos están sobre los derechos humanos de los habitantes del departamento. Yule Anzueta, de la mesa de organizaciones sociales afirma que los desmovilizados dan testimonios falsos en contra de los campesinos acusándolos de pertenecer a las estructuras de las FARC y a raíz de esto se llevan a cabo capturas masivas.

La información que se conoce por parte de abogados y la Fiscalía es que hay 25 personas por capturar, en este momento hay 48 personas privadas de la libertad, pero es una cifra inestable porque se liberan y se capturan constantemente, entre ellos están José Tapiero, Alexis Arroyo y Antonio Marquez que fueron condenados a 54 años de cárcel.

Los intereses económicos que hay en el Putumayo hace que se violen los derechos humanos, este departamento es una zona donde se va a presentar la explotación petrolera, y llega la fumigación que acaba con los cultivos acompañada de la militarización, Anzueta afirma que al gobierno no le interesa defender los derechos de las comunidades, el interés está enfocado en las empresas sin importar que se generen desplazamientos de la población.

Estas situaciones suceden desde 2004 cuando comienza el plan Colombia, ante esto, la mesa de organizaciones sociales ha protestado en cuatro ocasiones por ser el sector más afectado por las detenciones masivas. Desde que se instaló la mesa de negociación con presencia de cuatro ministros, uno de los temas es el de derechos humanos y se ha venido denunciando la situación actual del movimiento social.

"La persecución es permanente en todos los lugares donde hacen presencia las organizaciones campesinas, no se dan garantías para ejercer el derecho a la defensa del territorio" enfatiza Yule Anzueta.

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