Control paramilitar y empresarial impide restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó

Foto: Contagio Radio
12 Sept 2015

Según el informe “Una mirada al desplazamiento forzado: persecución penal, aparatos organizados de poder y restitución de tierras en el contexto colombiano", de Abogados sin Fronteras Canadá y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las comunidades de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó no han han tenido la restitución efectiva de sus tierras.

Los aparatos organizados de poder responsables de su desplazamiento forzado no han sido investigados ni sancionados y la presencia actual de paramilitares en la región constituye una amenaza inminente de posibles nuevos desplazamientos. 

La creación de la Ley de víctimas, con un capítulo dedicado a restitución de tierras, en la vigencia del conflicto armado, resulta contradictorio e impide que las comunidades despojadas retornen y permanezcan en sus territorios.

La presencia y actuación de grupos paramilitares articulados con sectores empresariales, en el Curvaradó y Jiguamiandó no garantiza condiciones de seguridad, ni posibilidades de que sus pobladores ejerzan soberanía en el uso del suelo.

Se denuncia que estos grupos armados, en conjunto con empresas palmicultoras, ganaderas y bananeras, están limitando la participación política de los afromestizos en los Consejos Comunitarios Mayores, así como impidiendo la libre movilidad en la carretera que conduce de Pavarandó hacia Mutatá y emitiendo órdenes de desalojo

Pese a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, no se han investigado ni sancionado a todos los políticos, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, agencias de cooperación internacional y miembros de la iglesia católica, involucrados directamente en la comisión del delito del desplazamiento forzado en esta región, por el financiamiento y expedición de órdenes a los grupos paramilitares que adelantaron operaciones de despojo.   

El informe concluye con que es necesario consolidar sistemas de información amplios y en red, para poder conectar denuncias sobre hechos particulares con las estructuras de poder que intervienen en sucesos de mayor incidencia como el desplazamiento forzado; así como construir mecanismos participativos para las comunidades en el curso de procesos penales, que posibiliten la indagación de pruebas técnicas y no solamente testimoniales, como ocurre actualmente.

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