Colombia se raja en Derechos Económicos, Sociales y Culturales ante la ONU

Foto: CCJ
01 Mar. 2017

Diversas organizaciones sociales presentaron este miércoles en Ginebra, Suiza el informe alterno sobre el estado de los derechos económicos, sociales y culturales – DESCA- en Colombia. Ante el Comité de Expertos del Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, las organizaciones sustentaron los graves retrocesos en materia de garantía a los derechos a la tierra, el aumento de la desigualdad, el trabajo decente, la represión de  la protesta entre otros derechos en el país.

En el informe, si bien se reconocen los avances al haber logrado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el inicio de diálogos con el ELN, manifiestan que es necesario abordar y superar  las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado en Colombia, relacionados con la falta de garantía de los DESCA de lo contrario “el conflicto armado seguirá reproduciéndose”.

Para las organizaciones sociales que entregan este informe  la desigualdad persiste en Colombia en donde el 10% de la población más rica gana 4 veces más que el 40% más pobre. Le puede interesar: Defensores de derechos humanos "Contra las cuerdas"

Derechos económicos

Esta desigualdad, reza el informe, también se ve reflejada en la tenencia de la tierra, en donde un 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, lo que “refleja el incumplimiento de la Recomendación emitida por el Comité DESC de Naciones Unidas, según la cual el Estado colombiano debe adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria”.

Así mismo, el informe pone de manifiesto que desde el gobierno se han promovido una serie de reformas que, contrario a las recomendaciones, profundizan la exclusión del acceso a la tierra y el ordenamiento del territorio.

Por su parte, el desarrollo económico centrado en la explotación de recursos naturales ha multiplicado los conflictos sociales y territoriales lo que no ha permitido el goce de los derechos sociales, culturales y económicos de comunidades indígenas, afro, campesinas y de mujeres en quienes hacen un énfasis especial.

Además de estas afectaciones, el informe dice que el Estado Colombiano ha desconocido la consulta previa, libre e informada mediante la no certificación de la presencia de pueblos indígenas en áreas de influencia directa de los proyectos. Le puede interesar: En riesgo el derecho a la consulta previa

Derechos Sociales

Para los autores y autoras de este informe es importante que ahora que se ha firmado un acuerdo de paz con las FARC, se haga una reducción de los recursos para la guerra – uno de los más altos de la región – y que éstos vayan dirigidos a salud y educación. Puntos incluidos en los acuerdos pactados en La Habana.

De igual modo, seis años después, el déficit del trabajo decente se mantiene en Colombia y no se ha cumplido con las recomendaciones entregadas al Estado por la ONU. Según este informe alterno la vida precaria, la segregación, el desempleo –uno de los más altos en América Latina- sigue siendo parte de las dinámicas sociales en el país.

Allí, también hacen énfasis en cómo la protesta social continúa siendo una preocupación “en Colombia, el derecho a la protesta y movilización no cuentan con las garantías necesarias que requiere su libre ejercicio en un Estado democrático” encontrándose con discursos oficiales que descalifican la protesta social y la criminalizan. Le puede interesar: "El ESMAD está de más", Día Contra la Brutalidad Policial

¿Qué es el PIDESC?

Es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales firmado en 1969 y al que se unió Colombia. La realización de esos derechos busca además de la eliminación de la pobreza, las inequidades e injusticia sociales, así como los sufrimientos humanos asociados. De igual modo pretende dignificar la vida de las personas individual y colectivamente.

El informe en cifras

  • El desempleo continúa siendo unos de los más altos de América Latina , llegando a un 8.9% el desempleo general, 11.8% para las mujeres y 15.8% para los jóvenes, mientras en el desempleo de las mujeres jóvenes es del 20.5%.
  • El 64% de la población (14.1 millones de trabajadores) carece de protección social, en parte porque el 42.4% de los trabajadores trabaja a cuenta propia (10.4 millones de personas) ganan menos del salario mínimo legal estimado en 325 dólares mensuales en 2016.
  • Para los 4´758.000 trabajadores y trabajadoras rurales prima la exclusión de la seguridad social, pues solo el 14,1% cuenta con un seguro de salud y solo el 12,4% está afiliado a un fondo de pensiones. La tasa de informalidad laboral en la zona rural fue de 89,3%, es decir, 4´248.894 ocupados en esta condición.
  • En 2015 se registraron 21 homicidios de trabajadores sindicalizados y 200 violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de sindicalistas. Es alta la impunidad, en el caso de las amenazas llega al 99.8%.
  • Los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del 91%, 98.1%, 83.3% y 70.8% respectivamente, y en general promedia el 95%.
  • El 42,7% de los hogares tiene inseguridad alimentaria, siendo mayor en las zonas rurales (57,5%) que en las urbanas (38,4%).
  • Según información del Instituto Nacional de Salud, ha sido de aproximadamente 2.000 niños y niñas menores de 5 años fallecidos en la última década.
  • Para el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y los gremios de vivienda, de los 13 millones de hogares colombianos hay 3 millones 300 mil viviendas en déficit: 1,3 millones son déficit cuantitativo y los restantes 2,08 millones son déficit cualitativo, es decir, carecen de los estándares básicos de calidad y habitablidad.
  • Colombia tiene una tasa de analfabetismo del 5.8%, es decir, que alrededor de 1.802.637 personas mayores de 15 años en Colombia no saben leer ni escribir.
  • De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, la pobreza multidimensional en el campo equivale al 44.7%, sector en el cual las mujeres representan según el censo, el 36.6% del total de la población rural residente.
  • En el tema ambiental el principal recurso afectado por los conflictos generados ha sido el agua (30% de los casos); seguido por el suelo (24%); el paisaje (24%) y la biodiversidad (22%).Los ecosistemas más afectados han sido los ríos (36%), los bosques (24%); los páramos y el mar (7% cada uno).
  • Varias investigaciones señalan que el principal grupo afectado por proyectos de multinacionales ha sido el campesino, (28% de los casos); seguido por los grupos indígenas (17%); los habitantes de las ciudades (16%), los pescadores (14%), los pequeños mineros con (9%) y la comunidad afrodescendiente (6%).
  • Según el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, entre junio del 2011, mes en el cual entró en vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana, y abril del 2012, la población penitenciaria aumentó en 13.933 personas. En total, se pasó de 93.387 internos en junio del 2011 a 107.320 internos en abril del 2012.
  • Miembros del ESMAD están sindicados de haber causado desde su creación, por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 3000 heridos y 80 casos de tortura.

RESUMEN EJECUTIVO DEL IV INFORME ALTERNO DE LA SOCIEDAD CIVIL AL COMITÉ DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS... by Contagioradio on Scribd


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