‘ChuzaDAS’ confirmaría “cacería criminal” durante gobierno Uribe

Foto: CAJAR 

Julián Martínez, Periodísta
2 Mar 2016 

Este miércoles en Bogotá el periodista Julián Martínez lanzó su libro ‘Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie’, una ardua investigación que inició en 2009 y da cuenta de cómo “el Gobierno de Uribe convirtió al DAS en una policía política para satisfacer su interés personal” de espiar, chuzar, desprestigiar, amenazar, seguir y torturar a los sectores de oposición durante su mandato.

De acuerdo con el periodista "este libro no pretende polarizar", tampoco es su opinión personal, está sustentado en hechos y documentos que confirman la relación entre los discursos de Álvaro Uribe Vélez y las operaciones ilegales del DAS, por lo que pretende ser “una contribución a la memoria para que ojala nunca se repitan estos hechos. Creemos que sí hacemos Colombia podrá evitar un escándalo de iguales proporciones más adelante”.

“Si nosotros podemos hacer memoria y reconocer esta verdad no solamente podemos garantizar que no se repitan estos hechos sino tener capacidad de decisión en el momento de votar por las personas que cometieron este delito”, afirma Martínez.

Quien acceda al libro podrá saber en qué consistió la “cacería criminal por parte de agentes del Estado” durante los ocho años de gobierno de Uribe, la infiltración a la Corte Suprema de Justicia, la campaña de desprestigio contra el ‘Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’, los periodistas Holman Morris y Daniel Coronel, los políticos Gustavo Petro y Piedad Córdoba y los magistrados que investigaban la parapolítica, específicamente Iván Velázquez quien reunió pruebas contra familia de Álvaro Uribe en la conformación y acción de grupos paramilitares.

Según afirma el autor, "Colombia no ha aprendido del escándalo de las chuzadas, se ha acostumbrado", comenzando por las del DAS durante el Gobierno de Álvaro Uribe, continuando con las chuzadas al proceso de paz por parte del Centro Democrático, y ahora las de la Policía, y llama la atención sobre el problema que esconde tras estas prácticas, “la política de Estado de ver la defensa de los derechos humanos y la investigación periodística honesta, como algo subversivo, como algo sospechoso y que se debe acabar”.

Martínez asegura que las operaciones del DAS deben ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad pues “llegó a asesinar a defensores de derechos  humanos y sindicalistas por el simple hecho de pensar y mostrar su diferencia y su discrepancia con la seguridad democrática” e insiste en la gravedad de que millones de documentos que dan cuenta de estos delitos fueron destruidos durante la dirección de Felipe Muñoz Gómez y están siendo destruidos ahora que reposan en la Procuraduría.

Otros de los detalles que revela esta investigación es que las empresas Movistar y Comcel hicieron contratos con el DAS, que Andrés Peñate ordenó pegar frases de Álvaro Uribe en la sala del DAS donde se planeaban las operaciones ilegales, y que Santiago Uribe participó de las reuniones en las que se coordinó el montaje de alias ‘Tasmania’ contra el magistrado Iván Velázquez.

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