Incumplimientos del Gobierno llevarían al cierre de la cárcel ‘La Tramacua’

Foto:doralnewsonline

Osneider Martínez, prisionero

Gloria Silva, Cómite Solidaridad con Presos Políticos
 
Jairo Ramírez, Defensor DDHH
18 Enero 2016 

Tras 1 año del fallo de tutela T282 en el que la Corte Suprema de Justicia ordena al Estado colombiano y particularmente al INPEC implementar acciones eficaces para que cesen las violaciones de derechos humanos y mejoren las condiciones de reclusión al interior de la cárcel de alta y mediana seguridad de ‘La Tramacua’ en Valledupar, prisioneros políticos denuncian que persisten las prácticas de tortura, el desabastecimiento de agua y la precaria atención en salud, por lo que el centro carcelario tendría que cerrarse.

Osneider Martínez, prisionero político, asegura que los 20 litros suministrados a diario para cada interno son insuficientes para el consumo, que incluye el lavado ropa y platos en cada celda; una difícil situación que ha provocado en los reclusos serios problemas de salubridad manifiestos en fuertes virosis y hongos en la piel. Así mismo, “el proyecto de resocialización de los reclusos ha quedado en el discurso, en la práctica ‘La Tramacua’ se ha convertido en un depósito de seres humanos donde predomina el ocio”. 

Por cada celda de 1.20 mts. por 2.5 mts. hay 3 internos, quienes deben soportar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, dada la negativa del INPEC frente al uso de ventiladores. Además del hacinamiento los reclusos denuncian represamiento de tramites por parte de la oficina jurídica e inoperancias en el área de salud, continúan represadas las cirugías pendientes y los medicamentos esenciales no son entregados, aseveran. 

Las condiciones de salud en los reclusos se han empeorado, debido también a la construcción de una cantera a escasos 300 metros de la cárcel, asegura Martínez y concluye afirmando que las denuncias por torturas han quedado en el vacío y los victimarios continúan con sus labores habituales sin recibir la sanción pertinente.

Jairo Ramírez, defensor de derechos humanos integrante de la ‘Unión Sindical Obrera’, asegura que "es claro que hay una ley federal en los Estados Unidos que ha sido tomada para implementar en Colombia" y en ese sentido 'La Tramacua' se inscribe "en un sistema perverso que impone unos elementos conformes a la tradición norteamericana que es degradante y denigrante" con el tratamiento de reclusos.  

Las cárceles en Colombia se han convertido en “verdaderos centros de tortura, de culto a la indignidad y al atropello” por lo que algunas de ellas se deben cerrar, agrega Ramírez e insiste en que “el Gobierno nacional, en el contexto del proceso de paz, debe repensarse seriamente el tema carcelario, porque las cárceles se han convertido en centros de castigo a la inconformidad social”.

Más de 9.500 personas recluidas en Colombia son profesores, campesinos, estudiantes, defensores de DDHH o líderes sindicales que han sido víctimas de montajes judiciales por parte de la inteligencia militar, como retaliación a sus críticas al Estado, al modelo económico, al régimen político o al carácter represivo de la fuerza pública contra la población civil, asegura Ramírez.    

Gloria Silva, abogada integrante del ‘Comité de Solidaridad con Presos Políticos’, indica que en las próximas horas el Tribunal Contencioso Administrativo, realizará la inspección para determinar los niveles de incumplimiento en la cárcel 'La Tramacua' para determinar su cierre definitivo, en un plazo de 3 meses, en el que se tendrá que establecer un plan de acción para la ordenada evacuación de los reclusos.

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