Amenazas y extorsiones en municipios con influencia de Anglogold Ashanti

Foto: El Salmon Urbano 
13 Nov 2015

Organizaciones campesinas, ambientalistas y diversos sectores sociales con presencia en el departamento de Quindío declaran alerta humanitaria en 6 de sus municipios entre ellos Pijao, Buenavista, Córdoba y Génova, en los que se han venido presentando asesinatos, quemas de fincas, extorsiones y robos que estarían relacionados con el accionar de la multinacional AngloGold Ashanti en alianza con fuerzas ilegales. 

En los municipios de Pijao y Génova desde hace 2 años se han reportado asesinatos de campesinos en extrañas circunstancias, de acuerdo con las viudas o sus familiares la razón puede atribuirse a la negativa de vender sus propiedades. En estos mismos municipios han sido quemadas cerca de 3 fincas y en Pijao otras 10 han sido abandonadas.

A la lista se suman las continuas extorsiones de las que han sido víctimas estas comunidades campesinas, quienes en medio del clima de zozobra contemplan la idea de irse, pues de acuerdo con las organizaciones sociales denunciante poco importa la cuantía de la extorsión, resulta trascendental el generar miedo y desplazamiento.

Los habitantes de estos municipios denuncian a su vez que el consumo de alucinógenos se ha incrementado de manera alarmante, así como la presencia de hombres con armas de largo alcance en fincas que han sido expropiadas a través del testaferrato por medio del que se ha aumentado la concentración de tierras en esta región.

Quienes se han atrevido a denunciar estos hechos frente a autoridades y medios de comunicación han sido presionados y revictimizados, presuntamente por integrantes de grupos armados que de acuerdo con algunas capturas realizadas están vinculados con estructuras armadas del norte del Valle y los ‘Rastrojos’.

Según las organizaciones estos hechos suceden en el marco de la entrega del territorio cordillerano a la multinacional AngloGold Ashanti, empresa que ha sido señalada en otras partes del mundo por su vinculación con fuerzas ilegales, por lo que exigen a la Defensoría del Pueblo hacer las investigaciones y obtener los informes necesarios para declarar una Alerta Humanitaria Temprana en defensa de la Vida, el Agua y el Territorio.

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