Acuerdo de Escazú una herramienta para proteger la vida de líderes ambientales en Colombia

Foto: Censat
26 Sept 2018

Diversas organizaciones sociales le están pidiendo al gobierno de Colombia que se adhiera al acuerdo regional en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Escazú, que busca proteger la vida de los líderes y defensores de la naturaleza, debido a que en el país, desde la firma del Acuerdo de Paz, se han asesinado 33 activistas que cumplían con esta labor en sus territorios.

Camila Cristancho, abogada de la organización Ambiente y Sociedad, aseguró que lo innovador de este acuerdo es que especifica que para defender los recursos naturales y el ambiente es necesario proteger a quienes efectúan esta tarea, además de que"este es uno de los primeros acuerdos internacionales que trae un apartado completo para garantizar la protección de los mismos".

La situación de defensores del Ambiente en Colombia

Cristancho manifestó que una de las preocupaciones más grandes frente al contexto colombiano es el aumento del asesinato a líderes sociales, debido a que desde la firma del Acuerdo de Paz, se han registrado 300 casos, de los cuales 37 de ellos eran defensores del ambiente o impulsaban iniciativas de protección a los recursos naturales. 

De igual forma aseveró que debido a la falta de avances en las investigaciones de los asesinatos a los líderes ambientales, no se ha podido establecer las causas de estos hechos, ni quiénes son los responsables intelectuales. (Le puede interesar: "77 defensores de DD.HH han sido asesinados en el primer semestre del 2018")

En esa medida, Cristancho explicó que si Colombia se une a este acuerdo, entrará a formar parte de un pacto regional que creará un marco regulatorio e institucional, con aportes de recursos económicos, para garantizar la protección a los defensores del ambiente, mientras que a nivel nacional sería una herramienta que actuaría como ente de vigilancia para estar al tanto de los avances del país en esa materia.

El acuerdo se firmará en la sesión de la asamblea general de la ONU del próximo 27 de septiembre. Una vez el país se una a este tratado continuará el proceso de ratificación interna en el gobierno y posteriormente se dará una aprobación de constitucionalidad desde la Corte.

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